Texto por Valeria Alzate
En las laderas empinadas de Manizales, las primeras luces del día revelan improvisadas construcciones que se aferran al terreno, desafiando la geografía y las normas. Son barrios construidos por personas que en busca de un hogar han levantado sus vidas sobre terrenos de difícil acceso. Las invasiones en la ciudad no son una problemática reciente, sin embargo, ha aumentado con el paso de los años.
Según la Alcaldía de Manizales, en lo que va del año se lograron identificar a más de 300 personas que han invadido el espacio público y terrenos en Manizales. Asimismo, Desde enero hasta junio del presente año, la Alcaldía ha realizado aproximadamente 113 controles en ocupaciones ilegales. En la mayoría de los casos, las familias que viven en estos espacios son provenientes de otros lugares del país.
En Manizales, los barrios con más terrenos invadidos son: San José, San Sebastián, El Guamo, Chipre, Comuneros, el Bosque, Campamento y Bajo Andes.
En otras zonas de la ciudad no es tan común encontrar este tipo de construcciones o hay pocos hechos registrados. Este es el caso del barrio Bosques de la Enea. Lugar en el cual se encuentra una invasión en el sector El Cairo en la Cr 30 N° 10- 54 F. Comenzó como una sola casa, sin embargo, ha avanzado con el pasar de los años. Su primer habitante fue Luis Felipe Alzate Arenas, quien se declara como dueño de este lugar.
Bosques de la Enea
Luis Felipe, de 63 años, es un hombre de estatura mediana, cabello negro con algunas canas que reflejan sus años y manos grandes y calludas que simbolizan su esfuerzo por el trabajo, pues realiza oficios varios. Lleva aproximadamente 40 años en aquel lugar y fue quien comenzó la venta de lotes para obtener dinero y vivir de ello. A lo largo de los años han vivido ahí cerca de 7 personas diferentes y actualmente tres personas cuentan con vivienda. Sin embargo, es rentado a otros que no viven allí, pero que utilizan el terreno para construir pesebreras y criaderos de pollos.
Aunque Felipe asegura ser el dueño del lugar, pues presuntamente tiene escrituras que lo confirman. Sin embargo, la ley no lo reconoce como tal debido a que no es el único que vende terrenos allí. Desde hace aproximadamente 4 años es uno de los inquilinos quien le ha vendido lotes a otras personas para que construyan.
“Yo ya no tengo nada que ver con eso, ahora es él quien vende a otros. Yo solo tengo mi casita allá, el resto no es mío” comenta Luis Felipe
Desde hace 10 años la comunidad del barrio se ha quejado constantemente de esta situación. Pues muchas veces el lugar fue una zona de consumo de sustancias ilícitas. Asimismo, el olor debido a la basura y la contaminación a la quebrada. Hicieron que los habitantes llamaran en repetidas ocasiones al CAI para intentar resolver la situación. Ante estas acusaciones, Felipe comenta que son completamente falsas. Pues afirma que él nunca ha realizado alguna actividad ilegal y que el terreno es una posesión, más no una invasión.
Sandra Paola Candelo, habitante del barrio desde hace 17 años, afirma que resolver esta problemática requiere un esfuerzo coordinado entre las autoridades y la comunidad afectada para encontrar soluciones que tengan planificación urbana e inclusión social. Además, agrega que ella y sus vecinos están cansados de luchar con la situación y esperar una respuesta y solución de parte de las autoridades.
En la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Manizales ya se tiene conocimiento de este lugar desde hace aproximadamente 5 años. Jonathan Ruiz, abogado de la Secretaría del Interior, afirma que en este momento se tiene un proceso abierto que se encuentra en trámite del proceso verbal abreviado, que se establece en el artículo 223 de la Corte Constitucional de Colombia: “Trámite del proceso verbal abreviado. Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspectores de Policía, los alcaldes y las autoridades especiales de Policía, en las etapas siguientes: iniciación, citación, audiencia pública, argumentos, invitación a conciliar, pruebas y decisión. Sin embargo, jurídicamente es un proceso extenso debido a la compra y venta de lotes. Aún no se puede brindar mucha información debido a que es reservada.
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De invasión a barrio: Granjas de Estambul
En los años 90, en Manizales, un grupo de ciudadanos empezó a vender lotes ubicados entre la Cárcel Nacional de Varones y la iglesia Niño Jesús de Praga a precios muy bajos. Muchas personas compraron, pues confiaban en las personas que los vendían, y comenzaron a construir sus casas, formando una comunidad que creció rápidamente. Sin embargo, hacia el año 2000, funcionarios de la Gobernación de Caldas visitaron el lugar, ya que los compradores no tenían permisos de construcción y los terrenos seguían siendo propiedad del Estado.
En ese momento, el lugar contaba con aproximadamente 90 familias que tenían allí su hogar. La Gobernación decidió darles una solución, debían comprarles el terreno a ellos para continuar viviendo allí, pues el Estado era quien debía entregarles las escrituras públicas del lugar, de lo contrario debían desalojar. Además, a pesar de que sus habitantes no contaban con permisos, el lugar tenía una estructurada muy organizada y las casas estaban bien construidas.
La comunidad aceptó y compró el terreno. Se realizaron estudios y un plan urbanístico. Para noviembre del año 2007, el barrio quedo legalizado como asentamiento humano, quedaron titularizadas 77 familias, los 13 restantes debían ser reubicadas y el plan urbanístico debía ser ejecutado en los tres años posteriores a esto, es decir, para el año 2010 ya debía estar realizado.
Víctor Cubillos, líder del barrio, comenta que la legalización de los predios se dio gracias a la unión de la comunidad, pues argumenta que durante mucho tiempo ninguna entidad tomaba la responsabilidad del proceso que se estaba llevando a cabo y el plan urbanístico no se dio en el tiempo estipulado. En el año 2016, los habitantes tomaron la decisión de demandar al departamento y municipio. En el 2022 se tuvo el primer fallo a favor de la comunidad y se determinó que el municipio debía construir las vías, bahías y espacios de recreación para los niños. Por su parte, el departamento tenía como obligación realizar estudios para la mitigación de riesgos y reubicación de las familias. Actualmente, esto ya se está realizando y el barrio tiene aproximadamente 120 familias.
Entidades públicas
Luis Fernando Acebedo, urbanista, comenta que una de las razones por las cuales han surgido tantas invasiones que crecen de manera desenfrenada es porque de parte del estado no se le está prestando la atención necesaria a esta problemática, lo que genera que no se estén construyendo viviendas de interés social y las personas que son desplazadas, quienes normalmente hacen parte de comunidades vulnerables, deban construir sus hogares en sitios ilegales.
Este tipo de ocupaciones tienen un impacto negativo en movilidad, servicios públicos, expansión de la ciudad, entre otros. Sin embargo, hay una falta de claridad en cuanto a la política pública, pues en algunas de estas zonas ya se cuenta con luz y agua que les suministran las empresas, aun sabiendo que son zonas ilegales.
Según la Superintendencia de Servicios Públicos, no existe prohibición alguna para que las administraciones municipales inviertan recursos en asentamientos originados en invasiones o loteos ilegales, ni para que las empresas prestadoras suministren servicios públicos en esas zonas.
El gobierno nacional cuenta actualmente con una política de atención a moradores y desarrollo de mejoramiento integral de barrios que, según el Ministerio de Vivienda: “Busca mejorar las condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza, mediante la renovación de su entorno habitacional de manera conjunta entre la Nación, el municipio y la comunidad”. Sin embargo, este proyecto aún no llega a Manizales, lo cual genera que sea más difícil manejar la situación.
