Hurto por más de $70 millones en dos colegios de Manizales

El Matutino
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La Contraloría General del Municipio de Manizales confirmó hallazgos fiscales por un valor superior a los $70 millones, tras una actuación especial de fiscalización realizada en las instituciones educativas Siete de Agosto y La Trinidad. 
La investigación se inició a partir de denuncias por presunto hurto de bienes públicos. 

Casos detectados

En la Institución Educativa Siete de Agosto, se evidenció la pérdida de seis computadores, un video beam y varias herramientas. Cuatro de los equipos de cómputo figuran en el inventario oficial, con un valor estimado de $6.726.268, y hasta la fecha no se ha efectuado la reclamación a la aseguradora. 

En la Institución Educativa Rural La Trinidad, la Contraloría señaló una presunta omisión en la gestión para asegurar y recuperar 17 portátiles, un televisor de 40 pulgadas y una cabina de sonido, cuyo valor asciende a aproximadamente $64.041.128. 

Irregularidades administrativas y disciplinarias 

El organismo de control también identificó hallazgos disciplinarios por la falta de activación de pólizas de seguro y por la ausencia de gestión frente a los siniestros reportados. Asimismo, se detectaron deficiencias en el control interno y la inexistencia de manuales actualizados de gestión, lo que derivó en hallazgos administrativos. 


Declaraciones del contralor Iván Delgado 

En entrevista con el programa radial El Matutino de la Universidad de Manizales, el contralor Iván Delgado explicó que la investigación determinará si los representantes legales de las instituciones realizaron la reclamación a la aseguradora dentro del plazo establecido. 
Si la gestión se hizo oportunamente, la aseguradora deberá restituir los bienes o pagar su valor equivalente. 
De no haberse hecho a tiempo, se evaluará la posibilidad de que los responsables respondan con su propio patrimonio por incumplimiento de sus funciones. 

Seguimiento a la situación 

La Contraloría aseguró que continuará el seguimiento a las acciones correctivas para garantizar la protección de los recursos públicos y el buen funcionamiento de las instituciones educativas involucradas. 

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