El Consejo de Estado emitió un fallo histórico que obliga al Municipio de Manizales y a varias entidades a sanear aguas residuales rurales. La decisión exige garantizar el funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en veredas y corregimientos del municipio.
El proceso inició con una acción popular presentada por la Personería de Manizales, tras detectar fallas graves en 13 PTAR rurales y en instituciones educativas. El alto tribunal revocó una sentencia previa y ordenó medidas inmediatas para proteger el medio ambiente y la salud de las comunidades.
El fallo establece tres plazos concretos:
- Un mes: presentar un plan de acción y diagnóstico de las PTAR rurales.
- Seis meses: realizar las gestiones administrativas, presupuestales y contractuales.
- Un año: ejecutar las obras necesarias para el adecuado funcionamiento de las plantas.
También ordena crear un Comité de Verificación de Cumplimiento y exige a Corpocaldas iniciar procesos sancionatorios contra quienes hagan vertimientos sin permiso.
Personería de Manizales: “El costo de no hacerlo es más alto”
El personero Juan Pablo Osorio Gallo celebró la decisión del Consejo de Estado y recalcó que la acción popular fue la única vía para detener el deterioro ambiental:“Las sentencias en un Estado Social de Derecho deben cumplirse. El costo de no hacerlo es mucho más alto. Tenemos un inventario de 20 plantas que no funcionan, 13 de Corpocaldas y 7 de Aguas de Manizales”.
Osorio recordó que la sentencia obliga a adecuar y garantizar el funcionamiento de todas las PTAR rurales, algo que los habitantes esperan para dignificar sus condiciones de vida.
Expertos advierten sobre falta de recursos y planificación
El ingeniero Mateo Jaramillo, especialista en planificación, advirtió que el reto no es solo técnico, sino también financiero: “Los sectores más delicados son La Cabaña, El Tablazo, El Arenillo y San Peregrino, que son zonas suburbanas. Las estructuras existen, pero su mantenimiento es incierto. Además, el plan de obras vigente hasta 2026 no contempla recursos para resolver esta problemática”.
El fallo representa un precedente clave en Manizales al visibilizar la brecha en los servicios básicos rurales frente a las zonas urbanas. Ahora, el desafío está en que las entidades cumplan los plazos y se garantice agua limpia y un ambiente sano para la población rural.
