La reciente solicitud de información que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) envió a varios canales de televisión en Colombia desató una fuerte polémica. El debate gira en torno a la libertad de prensa y los límites de la regulación de contenidos audiovisuales.
La carta pedía a los medios detallar sus políticas editoriales, los mecanismos para garantizar la imparcialidad informativa, los criterios de selección de fuentes y hasta las actas de sus comités editoriales. Aunque la CRC aclaró que no buscaba sancionar, el documento advertía posibles medidas administrativas en caso de no responder. Esa advertencia generó rechazo entre gremios y organizaciones de prensa.
La Procuraduría General de la Nación intervino con una acción preventiva. Solicitó a la CRC entregar el requerimiento original, su sustento legal y los protocolos para proteger la confidencialidad de la información. El organismo advirtió posibles extralimitaciones de funciones y riesgos de censura indirecta.
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó la medida como un “asomo de censura”. Alertó que una presión institucional de ese tipo podría afectar la autonomía editorial y el secreto profesional de las fuentes periodísticas.
Ante la controversia, la CRC se retractó públicamente y anunció que el requerimiento “queda sin piso jurídico”. La entidad informó que abrirá mesas de diálogo con los canales de televisión para construir mecanismos que promuevan la pluralidad y la transparencia informativa.
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Mauricio Vera Sánchez: “Fue un error atar el diálogo a un requerimiento”
En entrevista con El Matutino, el comisionado Mauricio Vera Sánchez reconoció fallas en la comunicación y en el enfoque jurídico del requerimiento.
“Donde estuvo nuestro error, lo hemos reconocido. Frente al deseo de trabajar colaborativamente con los canales de TV, atamos el requerimiento. Dejamos esa solicitud parada; está sin piso jurídico”, explicó.
Vera subrayó que la CRC es una entidad independiente, sin presencia de gobierno, y que los tres comisionados de la sesión audiovisual fueron elegidos por mérito.
“No se puede regular si no se es independiente”, afirmó, agregando que la intención nunca fue indagar en decisiones editoriales internas, sino fortalecer los criterios de pluralismo e imparcialidad.
También reconoció que el contexto nacional de polarización política y mediática exige prudencia y diálogo:
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“Si fue así, no tenemos problema en parar y replantear para continuar el camino de manera transparente de cara al país.”
Vera concluyó señalando que la regulación busca proteger los derechos de las audiencias:
“Regular es confiar; cuando un medio es regulado, el ciudadano cuida sus derechos.”
Camilo Vallejo (FLIP): “El pluralismo se protege garantizando la libertad de informar”
Desde la FLIP, el presidente del consejo directivo, Camilo Vallejo, advirtió en el mismo espacio radial que la medida de la CRC implicaba riesgos de censura indirecta.
“Esto no es un capricho de los medios por no dejarse regular, sino una defensa de principios constitucionales, como el derecho a proteger las fuentes”, explicó.
Vallejo destacó que las líneas editoriales deben evaluarse con base en lo publicado, no en deliberaciones internas, y que los medios tienen derecho a mantener la autonomía editorial.
“El pluralismo en Colombia pasa por cosas más difíciles que cuántos minutos se le da a un político y cuántos a otro”, afirmó.
También alertó sobre el papel del Estado en el debate mediático:
“Parte de la amenaza a los medios viene de los mismos Estados. Cuando quien es garante asume la posición de atacar, ¿quién nos va a defender?”
Panorama del sector audiovisual
La controversia surge en medio de una reforma regulatoria del sector audiovisual. En junio de 2025, la CRC expidió la Resolución 7810, que simplifica el marco normativo en contenidos audiovisuales. Esta nueva regulación entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Ese mismo año, la comisión sancionó a RCN Televisión con más de 314 millones de pesos por incumplir la cuota de emisión de cine nacional. La decisión evidenció la capacidad sancionatoria de la entidad en temas de contenido.
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La CRC insiste en que su labor busca garantizar el pluralismo y la veracidad sin afectar la independencia periodística. Por su parte, organizaciones como la FLIP y la Procuraduría reiteran que cualquier intervención estatal debe respetar la libertad de expresión y el secreto profesional.
Hacia un nuevo diálogo entre medios y Estado
El caso dejó al descubierto la tensión entre dos principios fundamentales: el derecho de los ciudadanos a recibir información plural y veraz; y la independencia de los medios de comunicación frente al poder regulador del Estado.
Con el retiro del requerimiento y el inicio de mesas de trabajo, la CRC busca ahora reconstruir la confianza con los medios y definir nuevos límites para la regulación del ecosistema audiovisual en Colombia.
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