Mesas de trabajo, cartografía participativa y retos pedagógicos marcan el avance del PEMP, un instrumento para la conservación patrimonial que busca integrar a la comunidad en la toma de decisiones.
Por Ronald Arcila
Manizales avanza en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP del Centro Histórico de la capital caldense, mediante estrategias de participación ciudadana con el objetivo de integrar las visiones de la comunidad en la protección del patrimonio. El proceso, liderado por la Alcaldía y articulado con el Ministerio de Cultura, se encuentra actualmente en fase de revisión diagnóstica y formulación.
El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) es un instrumento normativo que regula la intervención sobre bienes de interés cultural, pero su alcance va más allá de la conservación física. En Manizales, el PEMP se enfoca en un conjunto de alrededor de 160 inmuebles de arquitectura republicana que conforman una parte significativa del Centro Histórico.
Proceso en construcción
El PEMP en Manizales se construye bajo una metodología que busca involucrar a la ciudadanía en distintas fases del proceso. Según María Claudia Villegas, arquitecta de la Secretaría de Cultura, “no es solamente llegar a contarles lo que estamos haciendo, sino hacer el trabajo con ellos”, señaló al referirse a las mesas de trabajo participativas que reúnen actores institucionales, comunidad y equipo técnico. En estos espacios la ciudadanía no solo opina, sino que identifica problemáticas y propone soluciones a través de ejercicios como la cartografía participativa.
El proceso incluye jornadas de sensibilización en arquitectura republicana y formación en patrimonio, entendidas como un paso necesario para que la participación sea informada y efectiva. “La apropiación del patrimonio es transversal: si la comunidad no reconoce su valor, difícilmente lo va a proteger”, explicó Villegas.
Este enfoque se alinea con el Decreto 2358 de 2019, que establece la participación social como un componente estructural en los instrumentos de gestión del patrimonio cultural. En ese sentido, el PEMP no solo recoge datos técnicos, sino que incorpora percepciones sobre memoria, identidad y usos cotidianos del Centro Histórico.
Sin embargo, llevar esa participación a la práctica implica retos. La arquitecta de la Secretaría de Cultura Juliana Mejía advirtió que uno de los principales obstáculos es la complejidad técnica. “El lenguaje del patrimonio es difícil y muchas personas no lo conocen”, afirmó. Por ello, la administración implementó talleres pedagógicos con expertos que explican conceptos básicos como bienes de interés cultural, patrimonio material e inmaterial.
A esto se suma una dificultad asociada a la disponibilidad de la ciudadanía. “Muchas de las personas que queremos que participen están trabajando en esos horarios”, explicó Mejía, lo que obliga a diversificar estrategias de convocatoria y divulgación.
¿Qué busca el PEMP?
De acuerdo con Luisa Fernanda Quintero, arquitecta de la Secretaría de Planeación, es clave entender que no es un plan para todo el Centro, sino una norma específica para los inmuebles patrimoniales, lo que permite delimitar su alcance y orientar las intervenciones de manera más precisa.
Actualmente, el proceso se encuentra en una fase de revisión del diagnóstico y tiene como base estudios previos realizados por la Universidad Nacional de Colombia en 2019 y 2022. No obstante, estos documentos se ajustan para responder a las condiciones actuales del territorio.
“Han pasado varios años desde esos estudios, entonces necesitamos actualizar la información y verificar su aplicabilidad real”, explicó Quintero. En ese sentido, el PEMP se construye como un instrumento interinstitucional que integra dimensiones legales, físicas, culturales y ambientales.
Además, la funcionaria subrayó que el objetivo no es restringir, sino facilitar la gestión del patrimonio. “La idea es que la gente pueda intervenir los bienes, no que se vuelva imposible hacer cualquier acción sobre un inmueble”, afirmó, en referencia a las críticas frecuentes sobre la complejidad normativa.
Este enfoque coincide con los lineamientos del Ministerio de Cultura de Colombia, que plantea los PEMP como herramientas para armonizar la conservación con el desarrollo urbano y evitar tanto el deterioro como la rigidez excesiva en la intervención de los bienes.
El Palacio Arzobispal: patrimonio, trámites y tensiones
Uno de los casos más representativos de esta problemática entre normativa y gestión es el del Palacio Arzobispal de Manizales, cuya fachada está afectada por grafitis y no se ha podido intervenir debido a trámites administrativos.
Juan Sebastián Meza, funcionario de la Unidad de Patrimonio, explicó que este inmueble tiene un nivel de protección integral, lo que implica que cualquier intervención debe ser aprobada por el Ministerio de Cultura a través del sistema SIPA. “No es lo mismo una reparación menor que una intervención que afecte el bien”, afirmó.
Desde la Arquidiócesis, su administrador, Rubén Cardona, confirmó que la solicitud para intervenir la fachada fue radicada en febrero y que los tiempos de respuesta oscilan entre tres y seis meses. “Es un mantenimiento básico, pero igual debe cumplir con todos los requisitos porque es un bien cultural”, señaló.
El caso evidencia un caso recurrente, la percepción de que la normativa dificulta la intervención. Sin embargo, desde la institucionalidad se insiste en que el objetivo es garantizar la conservación adecuada.
Viernes de PEMP: participación en acción
Como parte del proceso, la administración municipal programó encuentros abiertos llamados “Viernes de PEMP”, para socializar avances y recoger aportes ciudadanos. El próximo se realizará este viernes en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, donde se presentarán revisiones del diagnóstico y se discutirán elementos clave de la formulación.
Según Luisa Fernanda Quintero, estos espacios permiten validar técnicamente la información con la comunidad y evitar procesos posteriores. “La idea es que el Ministerio acompañe desde el inicio para que no tengamos que corregir todo después”, explicó.
Mientras la normativa exige procesos complejos y articulación institucional, la comunidad demanda mayor claridad, agilidad y capacidad de incidencia real. En medio de ese escenario, la administración ha optado por fortalecer los procesos pedagógicos y abrir espacios de diálogo.
Como coinciden las fuentes consultadas, el reto no es solo formular una norma, sino lograr que la ciudadanía se apropie del patrimonio. Porque, más allá de los decretos y procedimientos, la sostenibilidad del Centro Histórico dependerá de que quienes lo habitan lo reconozcan como parte de su identidad y responsabilidad colectiva.
