para los problemas del alumbrado público
Por Samara Calderón, Juanita Bedoya, Andrés Felipe Latorre y María José Gómez
Con la alianza entre el Concejo Municipal de Chinchiná y una empresa público-privada se busca solventar la deuda de la Sociedad Alumbrado Público. Con el fin de garantizar el servicio, mantenimiento y expansión de las áreas iluminadas en el municipio. Las 46 áreas que actualmente presentan deficiencias en el servicio serán beneficiadas por medio de esta solución.
El presidente del Concejo Municipal de Chinchiná, Jonathan Marín, explica que la empresa no dio abasto para el pago del impuesto por dos razones. Primero, el aumento del precio del kilovatio que en 2024, y debido a las sequías prolongadas, pasó de $559 en enero a $1.033 en septiembre. Esto incrementó los costos para el mantenimiento del alumbrado que no estaba previsto. Segundo, la necesidad de la renovación del sistema de alumbrado de sodio a led. Lo que representaba el cambio de casi la totalidad del alumbrado público del municipio.
Por este motivo, la empresa solicitó un crédito proveedor, sin contar con la solvencia necesaria para asumir los costos. Avaluado en 4 mil 529 millones 012 mil 330 pesos a doce años. Una deuda que, con los intereses, ascendería a alrededor de 12 mil millones de pesos. Y que, cuando se termine de pagar, tendrían unas luminarias obsoletas.
Marín afirma que la deuda pone en riesgo la viabilidad del servicio en Chinchiná ya que, a pesar de que la empresa no cumple su función, no se puede liquidar pues la deuda pasaría a ser del municipio. Esto implicaría dejar de invertir en las necesidades que tiene para solventar una deuda sobre un impuesto que se cobra mensualmente en la factura de los usuarios.
El marco legal y las dificultades de la empresa
El Decreto 2424 de 2006 ,en su artículo cuarto, establece que cada municipio es responsable de la prestación del servicio de alumbrado público. A su vez, cada municipio regula el cobro del impuesto de alumbrado público que se detalla en la factura del usuario. La sociedad entonces responde a la necesidad que se tenía de renovar y hacer una expansión para garantizar el servicio de alumbrado para el municipio a través de la propuesta del alcalde y la aprobación del Concejo Municipal de Chinchiná.
En un artículo publicado el 3 de marzo del presente año por la Corporación Cívica de Caldas, organización no gubernamental líder en la defensa del interés colectivo, evidenció los desafíos legales y financieros que enfrenta la Sociedad Chinchiná Alumbrado Público desde su creación en 2021. Según Anthony Grisales Orozco, coordinador de la investigación, la empresa fue constituida bajo el régimen de servicios públicos domiciliarios regulado por la Ley 142 de 1994, a pesar de que dicha norma no contempla explícitamente el alumbrado público. Esta situación ha permitido que la contratación se realice bajo un régimen privado, lo que, según Grisales Orozco, representa un riesgo en términos de transparencia y gestión de recursos.
Es por esto que Grisales Orozco puso en conocimiento a las autoridades pertinentes las irregularidades detectadas. “Nuestro objetivo principal no es entorpecer ni dificultar, sino generar soluciones para mejorar la empresa”, afirmó. No obstante, si las entidades de control determinan la existencia de faltas disciplinarias o penales, se espera que los responsables rindan cuentas. En caso de que la empresa no implemente mejoras, la Contraloría General de Caldas será la encargada de tomar medidas.
Los retos operativos del alumbrado en Chinchiná
Harold Londoño Marín, gerente de Chinchiná Alumbrado Público, explica que a través del pago del impuesto se cubre el mantenimiento, operación, reposición y planta de personal de cada una de las dependencias del alumbrado público. “El objetivo de la sociedad es entonces, mantener el sistema con los ingresos que se generan a través del impuesto de alumbrado público”, explica.
Londoño hace énfasis en los problemas que atraviesa la sociedad: primero, la falta de presupuesto para tener una planta de personal completa y nombrada; la deficiencia en el presupuesto para hacer frente a las solicitudes de expansión o reposición de luminarias “cuando se hizo la modernización (cambio de luminarias) quedaron algunos puntos sin modernizar (la norma establece que todas deben ser LED)” explica Londoño; y, por último, el incremento en el precio del kilovatio.
El impacto de la deuda y sus consecuencias
Andrés Duque, representante de la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), explica que, si bien la luminaria en general se encuentra en buen estado, la falta de capacidad operativa genera deficiencias en el mantenimiento de redes y en la atención de fallas, lo que ha impactado negativamente en la comunidad. Esta situación ha propiciado problemas de seguridad, como vandalismo y robos en sectores con poca iluminación, además de afectar a quienes dependen de un suministro eléctrico estable para sus actividades diarias.
Uno de los principales desafíos del sector eléctrico en Caldas es la escasez de personal técnico capacitado, lo que dificulta el mantenimiento de la infraestructura y aumenta los riesgos laborales. Empresas como la CHEC optaron por no contratar trabajadores sin las certificaciones requeridas para evitar accidentes y costos adicionales. Para optimizar el servicio, Duque destaca el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para medir las variaciones en la red eléctrica y el impulso de energías renovables, como la solar. Además, enfatiza en la importancia de que el gobierno y la ciudadanía se involucren en la solución de los problemas de alumbrado público mediante la denuncia de irregularidades y el fortalecimiento de la infraestructura en zonas vulnerables.
La inversión necesaria para luminarias en la zona rural y urbana de Chinchiná es de 3 mil millones de pesos. Actualmente, y por medio de una convocatoria, se busca al socio que será parte de la alianza junto con la empresa actual de alumbrado público, que no se liquidará, sino que se transformará para poder cumplir con la expansión, mantenimiento y administración de recursos y el personal cualificado que se necesita en el servicio público de alumbrado.
