Lo que empezó como una promesa de renovación urbana para una de las comunas más vulnerables de Manizales terminó en lotes vacíos, familias desplazadas y un proyecto sin vivienda nueva. Después de su adopción, el Macroproyecto enfrenta un mandato judicial que lo obliga a reinventarse.
El derecho colectivo al desarrollo urbano ordenado de los más de 28.000 habitantes de la Comuna San José, según la sentencia del Consejo de Estado, en la zona norte del centro de Manizales, fue vulnerado durante 17 años por el municipio de Manizales, la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM) y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así lo determinó el 19 de febrero de 2026 el Consejo de Estado, Sección Primera, con ponencia del consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes, al revocar parcialmente la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas del 13 de febrero de 2025 y ordenar la reformulación del Macroproyecto. Las tres entidades carecieron de indicadores, gestión articulada y financiación suficiente para cumplirle a la comunidad en 17 años de ejecución.
Un fallo que llegó tarde
La sentencia constata que el macroproyecto comprende 111 hectáreas. Su meta original era 3.500 soluciones habitacionales VIS (Vivienda de Interés Social) y VIP (Vivienda de Interés Prioritario), con una inversión de $40 mil millones, según el primer documento técnico de soporte. A 2019 solo se habían entregado 344 unidades, según la Corporación Cívica de Caldas. Rosario Erazo, fotógrafa y habitante de la Comuna San José con 44 años de residencia en el sector, describe lo que ve al norte de la Avenida Colón: “Las viviendas pararon de tumbarse porque se les acabó la plata, en este sector de la Avenida Colón hacia arriba no han hecho nada.” El fallo también cita la Alerta Temprana 04-2020 de la Defensoría del Pueblo, que advierte que las demoliciones inconclusas generaron deterioro progresivo, debilitamiento estructural de viviendas remanentes y consolidación de focos de inseguridad en el sector.
La sentencia también constata el impacto social acumulado. Según el considerando 48 de la resolución de adopción en la Comuna San José se estimaba un déficit cuantitativo de 3.626 viviendas y 2.680 hogares habitaban en condiciones de hacinamiento. La población registraba altos niveles de pobreza: 1.795 jefes de hogar laboraban como trabajadores independientes, lo que los ubicaba en condiciones de marginalidad, y la mayor concentración de hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo legal se presentaba en la zona de ladera norte. Según la Alerta Temprana 04-2020 de la Defensoría del Pueblo, citada en el considerando 179 de la sentencia, el área intervenida tenía aproximadamente 28.500 habitantes, en su mayoría pertenecientes a los estratos I y II según el Sisbén.
Vías cortadas y colegios cerrados
Ómar Rodríguez, líder comunal de San José, describe el efecto del congelamiento sobre quienes se quedaron: “Nosotros construimos el territorio viviendo en él, no viviendo de él. Pero el macroproyecto nos puso a negociar con valores de hace 14 años, sin opción de decidir.” Rodríguez señala además que la construcción de la Avenida Colón cortó la calle 27, una vía histórica que conectaba el sector con el centro, y aisló comunidades enteras al norte: viviendas que antes tenían acceso vehicular quedaron reducidas a pasajes peatonales o escaleras, sin salida para motos ni vehículos.
El deterioro no se limitó a las viviendas. Dos instituciones educativas desaparecieron del sector en el marco del macroproyecto: la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, que en 2004 tenía 840 estudiantes matriculados, y la Institución Educativa Jesús María Guingue, que en 2011 contaba con 408 estudiantes. Ambas fueron cerradas y sus alumnos reubicados en planteles como el Liceo Isabel la Católica y el Instituto Manizales, según documentos de la Secretaría de Educación de Manizales citados en el expediente.
Orden del Consejo de Estado
Entre 2009 y 2021 el ministerio expidió ocho resoluciones modificatorias que alteraron la estructuración financiera, el trazado vial, los usos del suelo y los plazos de ejecución, según el considerando 124 de la sentencia. En 2021 el municipio intentó además reformular el macroproyecto sin garantizar la participación ciudadana, lo que derivó en una orden judicial, radicado 2021-277, que obligó a la administración a garantizar la intervención de la comunidad antes de cualquier cambio normativo.
La sentencia del consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes estableció cuatro órdenes con plazo hasta marzo de 2027. Primero, el municipio y el sucesor procesal de la ERUM tienen seis meses para presentar al Ministerio de Vivienda la solicitud de modificación de la Resolución 0544 del 2017, con correcciones en aspectos financieros, jurídicos, urbanísticos y técnicos. Segundo, el ministerio tiene otros seis meses para responder, con verificación de consistencia cartográfica, costos actualizados y reparto de cargas y beneficios.
Tercero, el municipio e Infimanizales deben formular un plan de ejecución con metas anuales, indicadores semestrales y fuentes de financiación, articulado con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Cuarto, se conforma un comité de verificación presidido por el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas, con participación de la comunidad, el Concejo de Manizales y las entidades involucradas.
José Fernando Olarte Osorio, secretario de Planeación de Manizales, recibió el fallo con expectativa: “Reafirma lo que hemos insistido ante el Ministerio: se requiere modificar las condiciones normativas para lograr una mejor distribución de cargas y beneficios en San José.”
Nudo normativo y nuevo operador
Marta Aleyda Henao, edil de la Comuna San José, valora el fallo pero advierte que el mandato judicial llega en medio de otros conflictos sin resolver en el sector. Señala: “Esperamos que la Alcaldía de Manizales cumpla con todo lo ganado en esta sentencia.” La edil también señala un incumplimiento concreto del actual gobierno municipal: el lote para el centro recreodeportivo de la comuna fue elegido y aprobado por el Concejo de Manizales, los estudios están terminados, pero las obras no han iniciado: “El gobierno municipal está en espera de terminar este periodo sin devolverle nada a la comuna.”
Juanita Ríos Cuervo, funcionaria de Infimanizales, explica el obstáculo central: el macroproyecto opera como norma nacional de superior jerarquía sobre el POT y cualquier cambio de uso del suelo requiere aprobación del Ministerio de Vivienda. “Todo se lleva al ministerio. Él no modifica; es la norma urbanística”.
La liquidación de la ERUM, completada el 27 de diciembre de 2024, tampoco detiene el instrumento. Margarita Ospina Guzmán, quien también trabaja en Infimanizales, precisa: “Al liquidarse la empresa, el macroproyecto pasó a nosotros. El instrumento urbanístico está vigente”.
Infimanizales gerencia hoy el proyecto. Las unidades A, B y G —con terrenos consolidados en propiedad del municipio e Infimanizales— tienen destinación para vivienda VIP, VIS y no VIS. La unidad F avanza en licenciamiento para un parque recreativo y un colegio multipropósito con recursos municipales.
Sin la modificación normativa que el Ministerio de Vivienda debe resolver antes de marzo de 2027, no hay vivienda nueva en San José. Con ella, el municipio e Infimanizales deberán ejecutar un plan con metas verificables, financiación definida y control social. La sentencia del consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes no construye apartamentos: fija el mapa de ruta y los plazos para que alguien lo haga.
